Los estudios son claros en señalar que muchos de los crímenes que ocurren en nuestro país están ligados directa o indirectamente a las drogas. Basta decir que en muchas ciudades las muertes relacionadas con la adicción superan las muertes provocadas por diversas enfermedades.

Los ajustes de cuentas, el deseo de hacerse de unos cincos con urgencia para comprar la ración del día, el derrumbe laboral que con frecuencia genera la adicción, los negocios ilícitos, entre otros son caldo de cultivo para la violencia. Hoy hemos entendido que la drogadicción es una enfermedad, lo que no terminamos de entender son los riesgos que esta enfermedad conlleva para el drogadicto y para el resto de la sociedad.

Un balazo por un celular que luego se vende en el mercado negro por diez mil colones, es el crimen representativo de la insensatez que reina en el individuo desesperado por esa imperativa dosis diaria, que lo hace estar dispuesto a todo. Por eso, no hay duda que la drogadicción nos afecta a todos por ser un fuerte contribuyente de la inseguridad ciudadana que padecemos. Bajo esta perspectiva resulta sorprendente que sea lícito el consumo de drogas por doquier. 

Hoy nuestros parques infantiles, los polideportivos, las canchas públicas, que siempre fueron sitios dedicados y pensados para el deporte, la salud, la familia y los niños, están repletos de barras de adictos que siembran miedo y terror.

Esa es nuestra realidad, una realidad circunscrita en una atmósfera de inseguridad. Las aceras y las esquinas, las salidas de los colegios, y los buses han sido tomados por los adictos. El ciudadano promedio se siente impotente porque es poco o nada lo que puede hacer la ley al respecto porque los adictos alegan y se jactan de que solo consumen, no trafican.

Por muchos años, conducir bajo los efectos del licor estaba cubierto por un enorme manto de impunidad. Son incontables las muertes que ocurrieron bajo ese pretexto. Hoy logramos cambiar eso y también tenemos leyes que restringen el cigarrillo. Pero todavía nos falta la legislación que castigue deambular en sitos públicos bajo el efecto de las drogas.

El drogadicto es un enfermo y debemos ayudarlo. Es deber del estado proteger al adicto y con mucha más razón, a la sociedad de ese riesgo de delinquir. Es hora de que la ciudad vuelva a estar en manos de la familia, de los trabajadores y de la vida misma. Es hora que la ciudad vuelva a ser segura.